El fiscal general Johel Zelaya volvió a hablar de independencia. Aseguró que los fiscales tienen libertad total para investigar y que en su gestión no existe injerencia política. Palabras bonitas, sí, pero vacías. En Honduras, la independencia institucional no se proclama: se demuestra, y Zelaya no ha dado una sola prueba de ello.
En los hechos, el Ministerio Público sigue siendo un instrumento al servicio del poder. No hay investigaciones que toquen al círculo cercano del gobierno de Libre, ni acciones concretas que muestren equilibrio. Cuando el fiscal habla de “libertad total”, lo que en realidad defiende es la versión oficial de un gobierno que usa la justicia para castigar adversarios y proteger aliados.
Johel Zelaya no tiene crédito. Su cercanía con Rixi Moncada, su tía como ha recordado Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, lo deja marcado. En la práctica, el fiscal general se ha convertido en una pieza más del engranaje político que Moncada y del ‘familión’ Moncada-Zelaya controlan con precisión. Él podrá insistir en su autonomía, pero el país lo percibe como lo que es: un funcionario subordinado, un rostro técnico al servicio de un proyecto político.
Y mientras el fiscal repite que no hay persecución, el Ministerio Público desata una ofensiva judicial contra Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, una de las voces más incómodas para el oficialismo. Ayer mismo se conoció la alerta de Interpol para capturar a su yerno. Esa acción, tan oportuna como sospechosa, confirma lo que muchos ya saben: la justicia se mueve rápido solo cuando conviene al poder.
Así funciona el Ministerio Público bajo el mandato de Libre: ciego ante la corrupción del gobierno, como en el caso Sedesol, pero implacable con quienes lo critican o creando la bufonada de las detenciones de los tres ancianos acusados de intento de atentado contra el expresidente Mel Zelaya. Este fiscal jefe no defiende la independencia, la parodia. Y al hacerlo, debilita lo poco que queda de confianza en las instituciones.