Tegucigalpa vive días de alta tensión política y social tras una serie de protestas violentas atribuidas a colectivos de Libre, que han coincidido con llamados públicos de la diputada liberal Iroshka Elvir a protestar en frente del INFOP, al igual que el coordinador de Libre, Mel Zelaya; en el contexto del conflicto poselectoral y el retraso del escrutinio especial. Los hechos han encendido las alarmas por el uso de la presión callejera y la violencia política como mecanismo de disputa de resultados.
En las últimas horas se han registrado bloqueos en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del INFOP y del Centro Logístico Electoral, una zona clave para el proceso de verificación de actas. Videos difundidos por ciudadanos muestran a grupos encapuchados, presuntamente colectivos de Libre, obstaculizando el tránsito y generando escenas de caos y zozobra entre conductores y peatones.
Uno de los hechos más graves denunciados es la agresión a un motociclista y su acompañante, quienes habrían sido atacados cuando intentaban cruzar la zona bloqueada. Aunque las autoridades aún no han emitido un parte oficial detallado, la circulación masiva de imágenes y testimonios ha reforzado la percepción de que las protestas derivaron en violencia directa contra civiles.
En este escenario, Iroshka Elvir ha sido señalada por sectores políticos y mediáticos de alentar las movilizaciones, al difundir mensajes llamando a “defender resultados” y a presionar en las calles mientras el CNE mantiene abierto el proceso de escrutinio. Estas posturas han sido interpretadas como una convergencia de facto con Libre, partido que ha mantenido una estrategia de presión permanente sobre las instituciones electorales.
Dentro del Partido Liberal se han producido fracturas. Dirigentes del partido, como el presidente Roberto Contreras, han desautorizado a Iroshka Elvir para convocar a protestas, advirtiendo que ninguna figura individual puede arrastrar al liberalismo a escenarios de confrontación violenta ni poner en riesgo la estabilidad democrática del país.
El patrón que se repite es claro: bloqueos, intimidación, violencia callejera y presión política para ganar en las calles lo que perdieron en las urnas. Para amplios sectores de la ciudadanía, estos hechos confirman un intento de imponer resultados por la fuerza, debilitando el Estado de derecho y elevando el riesgo de una escalada mayor en el conflicto postelectoral.