La movilización “sin retorno” convocada por el partido Libertad y Refundación (Libre) desde el 9 de noviembre ha sido un fracaso. Los colectivos convocados por la candidata presidencial, Rixi Moncada, y el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, ha comenzado a abandonar la capital. Lo anterior no significa que la militancia violenta del oficialismo haya desaparecido de la capital, donde operan de manera permanente hasta treinta grupos, que están bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas, según ha publicado hoy el periódico El Heraldo.
La convocatoria no ha estado exenta de controversia, ahora no solo por la menor participación de la esperada, sino también por las crecientes denuncias sobre los costos millonarios que implica el operativo político y las precarias condiciones en las que se mantienen los simpatizantes convocados en Tegucigalpa.
Desde el inicio de la convocatoria, Libre anunció que la instalación de sus bases en la capital sería indefinida y que la movilización tendría como objetivo “defender el voto” y exigir garantías electorales. No obstante, el llamado no ha logrado la masividad proyectada por la dirigencia, y el mensaje de fuerza que buscaba transmitir el oficialismo ha sido opacado por cuestionamientos logísticos, señalamiento de gastos excesivos y malestar interno.
En la Villa Olímpica, donde fueron alojados cientos de simpatizantes provenientes de los 18 departamentos, se registró creciente indignación por las condiciones de acogida. Videos y fotografías mostraban colchonetas colocadas directamente sobre el suelo y aprovisionamiento de comida fría, lo que provocó quejas entre los mismos seguidores de Libre, quienes denunciaron un trato indigno y el uso de instalaciones deportivas con fines partidarios.
Deportistas y usuarios frecuentes del complejo también expresaron molestia por el cierre del recinto, oficialmente atribuido a “mantenimiento”.
A estas críticas se sumó la denuncia del diputado liberal Yavhé Sabillón, quien aseguró que la movilización podría estar costando entre 5 y 10 millones de lempiras diarios, señalando que estos fondos se utilizarían para transporte, alimentación y logística. El legislador cuestionó la procedencia del dinero y sugirió que recursos públicos podrían estar siendo utilizados para sostener la operación partidaria.
Aunque Libre sostiene que la movilización es una acción legítima para proteger el proceso electoral, la combinación de participación reducida, malestar entre sus bases, condiciones precarias de alojamiento y cuestionamientos sobre el financiamiento ha llevado a analistas y sectores sociales a considerar que la estrategia no ha alcanzado los resultados que el partido esperaba. La llamada “movilización sin retorno” continúa activa, pero su efectividad política se encuentra en entredicho, mientras crece la percepción pública de que la iniciativa podría estar perdiendo fuerza en lugar de ganarla.