El Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, acusándolos de haber cometido el delito de prevaricato judicial.
La acción se basa en que los magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley al inscribir candidaturas, la de Jorge Cálix por el departamento de Olancho, sin la participación del pleno completo del TJE ni la convocatoria del magistrado suplente, violando los procedimientos establecidos en la normativa electoral.
La medida llega en un momento de máxima tensión política, cuando diversos sectores advierten que el partido Libre continúa ejecutando un “golpe técnico electoral” mediante el hostigamiento y la deslegitimación de las instituciones que arbitran el proceso democrático, incluyendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al propio Tribunal de Justicia Electoral.
Fuentes cercanas al TJE señalan que las acciones contra sus magistrados forman parte de una estrategia más amplia destinada a socavar la independencia institucional y presionar a los órganos electorales en vísperas de los comicios del 30 de noviembre.
El magistrado Mario Flores ha calificado la denuncia como una “persecución política”, mientras distintos analistas coinciden en que este episodio podría profundizar la desconfianza ciudadana y aumentar la incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral.
Con este nuevo episodio, el país entra en una fase crítica del calendario electoral, donde las instituciones responsables de garantizar la legalidad del voto enfrentan presiones crecientes. Libre, por su parte, mantiene sus ataques a las estructuras que deben arbitrar los comicios, configurando lo que varios observadores describen como un intento de erosionar la arquitectura electoral del país desde adentro.
