Al tema del día en la arena electoral: Libre veta el reglamento de observación electoral en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no quiere ver al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) metido en el proceso. Y al mismo tiempo, tiene paralizado el presupuesto de la Unidad de Política Limpia, castigándola por firmar un acuerdo de colaboración con el CNA. Mientras más cerca esté una institución de la transparencia, más rápido le cierran el grifo.
La tensión se ha destapado en declaraciones públicas hoy. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, advirtió con firmeza que “no hay nada que temer de la observación electoral interna”. Desde el oficialismo, la respuesta fue un ataque directo. El ex canciller Enrique Reina descalificó al organismo diciendo que “el CNA es como tener una sucursal del bipartidismo. No les tememos, les conocemos”.
No es casualidad que Libre prefiera desacreditar a la institución que durante años ha destapado la podredumbre de la política, incluidos los de su propio partido. Tampoco es casualidad que la candidata oficialista Rixi Moncada se ausentara del encuentro organizado por el CNA con los presidenciables, lanzando además duras críticas contra la asociación.
El segundo frente del conflicto se libra en la Unidad de Política Limpia. Según reveló el presentador Chendo García en el programa La Tarde de TSI, el presupuesto de esta unidad permanece bloqueado justamente porque mantiene un acuerdo de colaboración con el CNA. Un castigo claro y directo: si trabajás con los veedores, te quedás sin fondos.
Libre no solo quiere elecciones sin veedores, también busca controlar a las unidades que por ley deben vigilar el financiamiento de las campañas. Al bloquear el reglamento de observación y el presupuesto de Política Limpia, manda un mensaje contundente: aquí solo se juega bajo las reglas del oficialismo.
La democracia no puede sostenerse sobre vetos, bloqueos y ataques contra quienes exigen transparencia. El CNA incomoda, y por eso Libre lo quiere fuera. Pero lo que queda en juego no es un simple reglamento ni un presupuesto congelado: lo que está en juego es la credibilidad de las elecciones de 2025.
Y en un país donde la confianza ya está por los suelos, vetar la transparencia es jugar con fuego. El pueblo hondureño no quiere excusas ni trampas: quiere urnas limpias, no vetos oscuros.