Honduras atraviesa un momento crítico en su institucionalidad. En los últimos días han surgido señales de tensiones profundas dentro de la cúpula militar, mientras la presidenta del país ha hecho un llamado a las fuerzas armadas para garantizar la voluntad popular en las próximas elecciones. Cuando Libre habla de garantizar la imparcialidad es porque a las espaldas está trabajando para lo contrario. Estos hechos muestran un patrón preocupante: la expansión del control del partido Libertad y Refundación (Libre) sobre instituciones que deberían mantener su neutralidad.
El control de Libre ya es evidente en el Ejecutivo, el Legislativo y buena parte del sistema judicial. Ahora, con la mirada puesta en las fuerzas armadas, el partido busca consolidar un dominio que podría comprometer la independencia de una institución esencial para la defensa de la soberanía y el orden constitucional.
En una democracia saludable, los militares deben ser profesionales y apolíticos, subordinados al poder civil sin convertirse en brazo de un partido político. La politización de esta institución abre la puerta a una intervención indirecta en la política, debilitando los contrapesos que sostienen el sistema democrático.
Las tensiones internas dentro de las fuerzas armadas reflejan el dilema al que se enfrentan: mantener su carácter nacional independiente o convertirse en un instrumento operativo de un proyecto partidario. La neutralidad militar es un pilar de la democracia; su captura significaría un paso hacia prácticas autoritarias.
Honduras necesita claridad y vigilancia ciudadana. Cuando un solo partido controla el Ejecutivo, el Legislativo, el judicial y apunta ahora a los militares, la democracia queda herida de muerte. Consolidar el poder sobre las fuerzas armadas no es un asunto menor: es la señal de que se busca custodiar el poder más allá de los límites democráticos, transformando al país en un Estado de partido más que en una república de ciudadanos.