El proceso de escrutinio especial de las elecciones generales del 30 de noviembre se ha visto deliberadamente paralizado por la conducta antidemocrática de Libre y sectores del Partido Liberal, que con bloqueos, presiones y sabotajes han impedido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla su mandato constitucional. Lo ocurrido en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el INFOP, no es un hecho aislado ni accidental: es una estrategia de obstrucción que atenta contra la voluntad popular.
Las consejeras del CNE, con Ana Paola Hall al frente, han denunciado públicamente que miembros de Juntas Especiales propuestos por partidos políticos, y que no son empleados del CNE, han impedido el ingreso de funcionarios electorales, exigido identificaciones y afirmado que “se deben a los partidos”, imponiéndose por una ventaja numérica. La consecuencia ha sido clara: personal del CNE sin poder trabajar, material electoral sin procesar y mesas de escrutinio paralizadas. Hall lo describió con precisión: un “secuestro de la institucionalidad”.
A esta obstrucción se suma la negativa de representantes partidarios a integrar y operar las Juntas Especiales, requisito indispensable para revisar cerca de 2,800 actas con inconsistencias. Sin mesas conformadas y sin condiciones de seguridad, el escrutinio no avanza. Los bloqueos y protestas alrededor del INFOP, protagonizados por colectivos afines a Libre y acompañados por la pasividad —cuando no la complicidad— de sectores liberales, han creado un clima de intimidación que quiebra la legalidad.
Otros actores políticos y jurídicos se han pronunciado sobre la crisis, como el Presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, ha sido categórico al advertir que denunció que lo que se está viviendo en el país se asemeja a un golpe de Estado impulsado desde el oficialismo, cuyo objetivo sería impedir que el CNE emita la declaratoria electoral. Solórzano condenó los actos de violencia y sedición registrados en las afueras del Centro Logístico Electoral, señalando que, aunque se les intente presentar como manifestaciones pacíficas, la realidad demuestra lo contrario.
La falta de acción oportuna de las autoridades encargadas del orden público agrava el problema. Mientras el CNE exige garantías mínimas para trabajar, Libre y Liberales siguen frenando el proceso, apostando al caos y al desgaste institucional para imponer su narrativa. No es defensa del voto; es sabotaje.
Honduras no puede normalizar que los partidos secuestren el conteo cuando los resultados no les favorecen. El escrutinio especial es una obligación legal, no una concesión política. Bloquearlo es antidemocrático, venga de quien venga. La historia juzgará a quienes, por cálculo y ambición, intentan arrebatarle al país su derecho a la verdad electoral.