El exjefe de Operaciones de la DEA, Mike Vigil, encendió nuevamente el debate político hondureño al asegurar que Marlon Ochoa enfrenta una acusación formal en Estados Unidos relacionada con la polémica fotografía que circuló durante la quema de la embajada norteamericana. Las declaraciones, difundidas por Radio Cadena Voces, sostienen que Ochoa no viajó presencialmente a la sesión extraordinaria de la OEA porque, según Vigil, sería detenido de inmediato al pisar territorio estadounidense. El exfuncionario incluso advirtió de que podrían venir más sanciones y que el alto burócrata hondureño debería tener “mucho miedo”.
Estas afirmaciones, provenientes de una figura con peso en temas de seguridad y narcóticos, colocan nuevamente bajo reflectores el nombre de Marlon Ochoa, de quien la población recuerda su participación en la quema de la embajada americana.
La acusación en Estados Unidos, según Vigil, lo volvería no apto para viajar, aun si tuviera visa, debido al riesgo inmediato de captura bajo los acuerdos de extradición. Para un país que ha visto caer a figuras de alto nivel por delitos transnacionales, estas declaraciones no pasan desapercibidas.
Más allá del debate jurídico, lo cierto es que el caso refleja el profundo deterioro institucional que vive Honduras bajo la gestión de Libre. La credibilidad internacional del país se ve golpeada cada vez que un funcionario clave aparece asociado a controversias, especialmente cuando involucran temas de seguridad nacional y relaciones con Estados Unidos.
En un momento en que Honduras necesita certidumbre, tener a un funcionario señalado por una posible extradición es un lastre político evidente, y la ciudadanía merece explicaciones claras, no más sombras ni escándalos.