El caso de la diputada Isis Cuéllar se ha convertido en el símbolo más claro de la impunidad que impera en el Partido Libertad y Refundación (Libre). A pesar de las denuncias de corrupción que pesan en su contra por el desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Cuéllar no solo aparece en la papeleta electoral de noviembre, sino que continúa en campaña como si nada ocurriera.
Libre anunció su suspensión de cargos internos, pero en la práctica la diputada mantiene intactos sus privilegios y su candidatura. Sigue cobrando salario, recibe viáticos y encabeza la planilla por Copán, en un claro desafío a la justicia y a la ética política.
Más grave aún es que esta situación se sostiene con el respaldo de la candidata presidencial Rixi Moncada, quien públicamente dice “no tolerar la corrupción de nadie”, pero al mismo tiempo permite que Cuéllar figure en las listas de su partido. El doble discurso es evidente: mientras en los micrófonos Libre promete transparencia, en los hechos protege a una diputada señalada por presuntamente malversar fondos destinados a programas sociales.
El caso demuestra cómo en Libre las sanciones son meramente decorativas y cómo la corrupción es tolerada siempre que no afecte los intereses electorales. La impunidad no solo se mantiene, sino que es alentada por la dirigencia, que prefiere asegurar votos en Copán antes que limpiar sus planillas de personas cuestionadas.
Con Isis Cuéllar en campaña y con el silencio cómplice de Rixi Moncada, el mensaje que Libre envía a la ciudadanía es contundente: la corrupción no se combate, se premia con candidaturas.