Según publica El Heraldo, una revisión reciente de los registros oficiales revela que varias instituciones del gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) han gastado más de L1,859 millones de lempiras entre enero y octubre de 2025 en viáticos, pasajes, alimentos y bebidas. Estos gastos corresponden a seis secretarías, aunque la mayor parte del desembolso se concentra en tres de ellas: Seguridad, Defensa y Salud.
La Secretaría de Seguridad se sitúa como la institución con el gasto más elevado, destinando casi L946 millones de lempiras en este período. De esta cifra, aproximadamente L932 millones se utilizaron exclusivamente en alimentos y bebidas, lo que representa prácticamente el 99 por ciento de su gasto en este rubro. Adicionalmente, Seguridad reportó L11,8 millones en viáticos nacionales, evidenciando un gasto elevado en rubros que no están directamente relacionados con inversión en infraestructura ni prestación de servicios esenciales.
La Secretaría de Defensa gastó L610 millones de lempiras, mientras que la Secretaría de Salud destinó al menos L239 millones, completando así el 96 por ciento del gasto total en viáticos, pasajes y alimentación de las seis instituciones supervisadas. Estos montos reflejan una tendencia de priorización de recursos en rubros de consumo interno dentro de las instituciones, en lugar de orientarlos a inversiones de impacto directo para la población.
Para dimensionar el gasto, los L932 millones en alimentación de Seguridad superan ampliamente el 80 por ciento del costo total de los hospitales móviles adquiridos por el Estado durante la pandemia de COVID‑19, cuya inversión alcanzó L1,174 millones de lempiras. Este contraste resalta la magnitud del gasto en alimentación frente a inversiones en infraestructura sanitaria crítica.
El nivel de gasto pone en debate la necesidad de un control más riguroso sobre los recursos del Estado y la transparencia en la administración de fondos públicos. Los ciudadanos exigen que los recursos se orienten a satisfacer necesidades básicas, fortalecer la seguridad, mejorar la atención sanitaria y garantizar el bienestar social, en lugar de destinar montos elevados a rubros que no generan beneficios directos para la población. Este escenario refuerza la discusión sobre la rendición de cuentas y la planificación presupuestaria del gobierno.