El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, se ha convertido en una figura central en la situación postelectoral tras su gestión al frente del Ministerio Público (MP), acusada por diversos sectores políticos y expertos de actuar con sesgo partidista y al servicio de los intereses del partido oficialista Libre.
Zelaya, sobrino de Rixi Moncada, la candidata presidencial de Libre, ha sido señalado como la última pieza del denominado ‘Plan Venezuela’”’, término usado por el Partido Nacional para describir lo que consideran un intento de influencia de Nicolás Maduro y sus aliados para llevar a Honduras hacia posiciones afines a ese modelo político.
El fiscal ha defendido con vehemencia su actuación, especialmente luego de que su institución divulgara una serie de audios supuestamente vinculados a un fraude electoral. Zelaya aseguró que los materiales son auténticos, que el MP “no fabrica evidencias” y que “jamás se va a arrodillar ante ningún político”, reafirmando que actuará con independencia y que asumirá las consecuencias legales de sus decisiones.
Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar. Juristas y analistas han cuestionado la legalidad de la divulgación pública de los audios, advirtiendo de que presentar grabaciones sin autorización judicial puede vulnerar normas sobre intervención de comunicaciones y exponer al fiscal a responsabilidades legales. Además, estas grabaciones fueron avaladas por un perito sin experiencia, de origen colombiano y especializado en investigare infidelidades conyugales.
Además, figuras políticas han sostenido que la acción penal pública se ha “vulgarizado y puesto al servicio de un partido”, sugiriendo que el MP ha actuado con un sesgo político que contradice sus funciones constitucionales.
Zelaya, por su parte, insiste en que su labor se basa en la “lucha contra la corrupción” y defiende la autenticidad de los audios, calificando de injustos los ataques recibidos.
Esta semana, el Ministerio Público ha tenido que desmentir que existan órdenes de aprensión de las dos consejeras de oficialistas en el Consejo Electoral Nacional, Ana Paola Halla y Cossette López.
La polémica ocurre en un momento de alta tensión institucional en Honduras, con un lento escrutinio electoral que ha generado desconfianza y disputas entre distintas fuerzas políticas. La actuación de la Fiscalía General bajo la dirección de Zelaya es observada tanto dentro como fuera del país.