La Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) surgió como una esperanza nacional para atacar las redes de corrupción que, por décadas, han operado desde las instituciones del Estado. Para la ciudadanía, la CICIH significaba acompañamiento internacional, investigación independiente y un freno real a las estructuras criminales que han drenado los recursos del país. Fue, sin dudas, una de las exigencias más repetidas por la población tras años de impunidad y abuso de poder.
Desde antes de llegar al poder, el Partido Libre convirtió la lucha anticorrupción en una de sus banderas principales. Xiomara Castro prometió en campaña que la CICIH sería instalada “en los primeros meses” de su gobierno, presentándola como un compromiso innegociable y como la herramienta clave para recuperar la confianza pública. Libre aseguraba que, con voluntad política y apoyo de la ONU, Honduras abriría por fin un camino distinto hacia la transparencia. Aquellas promesas fueron centrales para convencer a un electorado cansado de escándalos y desfalcos.
Sin embargo, ya con el poder en sus manos, comenzó un proceso de desgaste, dilación y contradicciones. Lo que inició como un compromiso firme se fue convirtiendo en un conjunto de explicaciones técnicas, pretextos logísticos y ajustes interminables. La firma de documentos preliminares nunca se tradujo en un avance real. Cada año, el Gobierno anunciaba pequeñas novedades, pero sin resultados concretos. Mientras tanto, organizaciones de sociedad civil alertaban que la falta de reformas, la ausencia de mecanismos de garantía y la debilidad institucional estaban frenando toda posibilidad de una instalación efectiva.
Este giro en la narrativa del Gobierno ha generado múltiples interpretaciones. Algunos señalan que Libre priorizó alianzas políticas internas antes que cumplir su promesa estrella. Todo indica que este cambio argumental se produce ante el hecho de que una CICIH independiente podría investigar a figuras cercanas al oficialismo, lo que generó resistencias dentro de la misma estructura de poder.
La evidencia más contundente de este retroceso es que, en pleno año electoral, la CICIH desapareció por completo del plan de gobierno presentado por Rixi Moncada para 2025. La candidata oficialista dedicó espacio a diversas áreas sociales, económicas y administrativas, pero la promesa insignia de Libre —la misma que llevó a Xiomara al poder— simplemente no existe dentro de su propuesta. No está mencionada, no aparece entre los objetivos y ni siquiera es referida como meta futura.
Esa omisión revela lo que muchos ya sospechaban: la CICIH dejó de ser una prioridad para el partido que la impulsó, convirtiéndose en una promesa política archivada. Para el pueblo hondureño, esto confirma que el combate a la corrupción no puede depender de retóricas de campaña, sino de voluntad real y coherencia entre el discurso y los hechos. La gran promesa de Libre se quedó en el camino, y el país sigue esperando el compromiso que una vez se les aseguró sería irreversible.