En este proceso electoral, el Partido Libertad y Refundación (Libre) actúa desde la desesperación. Es la desesperación de quien se sabe perdedor. Libre está pidiendo que acabe ya el partido y ha lanzao los perros de la ira. «La rasgadura institucional del Ministerio Público el 29 de octubre es proporcional a la desesperación y desajuste de Libre frente a la realidad», escribe en su última carta pública la socióloga y ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
Lo que estamos viendo no es una campaña ordinaria, no es una pugna por ser el más votado: es un proceso político, la continuación de la crisis de 2009, cuyo objetivo es la destrucción de la institucionalidad para ser sustituida por un régimen de partido único de facto.
Libre ha recurrido a la intimidación institucional, buscando amedrentar a todos los actores que no controla, y ha lanzado una ofensiva total para tomar el control de todas las instituciones claves del Estado: no sorprenderá ver detenida a Cossette López o a Salvador Nasralla inhabilitado en los treinta días que quedan para las votaciones. Esta estrategia refleja una lectura clara: la dirigencia oficialista percibe que, sin un despliegue de poder, pierde manera irreversible en las urnas.
El más reciente posteo en X de la presidenta Xiomara Castro ilustra esta dinámica. La publicación, lejos de ser un mensaje conciliador, es el último golpe sobre la mesa para consolidar el control de las Fuerzas Armadas: les recuerda que el Ministerio Público, un títere del oficialismo, investiga a uno de sus miembros en la pantomima de caso por conspiración que Marlon Ochoa ejecuta. Se trata de un movimiento calculado para enviar señales de fuerza y recordarle al país que controlan no solo el Ejecutivo, sino que expanden su alcance sobre el sistema judicial, los órganos electorales y otras instituciones estratégicas. Y no contaban con Cossette López.
La desesperación se traduce en un patrón preocupante: polarización, presión sobre actores independientes y un intento de centralizar el poder más allá de los límites constitucionales. La ciudadanía observa con creciente inquietud cómo la política de intimidación es la estrategia de gobierno, mientras las instituciones, que deberían ser imparciales y garantes de la democracia, se ven amenazadas.
Honduras enfrenta un momento crítico: debe elegir entre una democracia liberal o culminar el camino al modelo venezolano.
Si el pueblo hondureño no se moviliza con contundencia y no protege su voto el 30 de noviembre, la alternancia política, la pluralidad y la independencia institucional, pilares esenciales de la democracia, serán cosa del pasado. La ofensiva de Libre no solo revela la fragilidad de su narrativa ante el electorado, sino también la urgencia de reforzar la vigilancia ciudadana y exigir que las instituciones actúen con neutralidad y transparencia.
En este escenario, el reto no es solo electoral, sino democrático: garantizar que el poder no se concentre, que las instituciones funcionen de manera independiente y que la voluntad popular se respete. La historia reciente ha mostrado que cuando un partido recurre a la intimidación institucional para afianzar su control, el costo lo paga la democracia y el pueblo.
Libre está desesperado y la desesperación es muy peligrosa, sobre todo, para la democracia.