El cierre de campaña de Rixi Moncada en Tegucigalpa está rodeado de denuncias serias sobre presiones a empleados públicos. En redes sociales circulan testimonios de funcionarios que aseguran haber sido obligados a asistir al mitin del partido Libre, bajo amenazas de perder su empleo y enfrentar represalias. Esta práctica evidencia un uso indebido de los recursos del Estado y amenaza la transparencia electoral en Honduras.
Se reporta que trabajadores de instituciones gubernamentales fueron sacados de sus oficinas y trasladados al acto proselitista. Estas acciones reflejan un patrón de coacción laboral y movilización forzada, lo que compromete la independencia de los funcionarios y la libertad del voto. La ciudadanía hondureña debe estar alerta ante maniobras que mezclan gobierno y partido.
A esto se suma el uso de programas sociales como herramientas de presión política. Según reportes de La Tribuna, se estarían distribuyendo bonos sociales antes de las elecciones con fines clientelares. El uso de recursos públicos para influir en el voto socava la voluntad del ciudadano y convierte los programas de asistencia en instrumentos de manipulación electoral.
Es importante que la prensa y la sociedad civil exijan investigación sobre estas denuncias. Obligar a funcionarios a llenar un mitin político no solo es un abuso de poder, sino que también contamina todo el proceso electoral. La democracia hondureña requiere transparencia, imparcialidad y respeto a la ley laboral y electoral.
El control partidario del Estado es una amenaza directa a la libertad del ciudadano. La población merece elecciones justas, con resultados legítimos y sin intimidación. Frenar estas estrategias de coacción y clientelismo es vital para preservar la independencia de las instituciones y garantizar que cada voto cuente de manera honesta y segura.