El procurador general de la República, Dagoberto Aspra Iglesias, sostuvo esta semana una reunión de alto nivel en la sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington DC, en el marco del proceso formal de reincorporación de Honduras al mecanismo de arbitraje del Banco Mundial. El encuentro, que marca la continuación de la ofensiva diplomática iniciada por el presidente Nasry Asfura en marzo, tuvo como interlocutoras a tres consejeras jurídicas del organismo: Natalí Sequeira, Catherine Kettlewell y Daniela Argüello.
De qué se habló y qué sigue
La reunión técnica se centró en definir la hoja de ruta institucional para que Honduras complete el proceso de readhesión. En el encuentro se abordaron los procedimientos de arbitraje vigentes, el funcionamiento del sistema actual del CIADI y los estándares de cumplimiento que el Estado hondureño deberá acreditar para su membresía plena. La PGR enfatizó que la incorporación al CIADI es fundamental para la previsibilidad jurídica del país y para dinamizar la economía nacional mediante señales claras a los mercados externos.
La visita de Aspra se produce tres semanas después de que el presidente Asfura firmara el 6 de marzo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en una ceremonia en Washington que convirtió a Honduras en el Estado número 166 en firmar el instrumento. En esa ocasión, la secretaria general del CIADI, Martina Polasek, valoró el paso y ofreció programas de capacitación y asistencia técnica para fortalecer la capacidad hondureña en materia de prevención y gestión de disputas de inversión.
Sin embargo, la firma presidencial no es suficiente para que la readhesión surta efectos jurídicos. El proceso de incorporación al Convenio del CIADI requiere tres etapas: firma, ratificación y entrada en vigor. Solo después de que el Congreso Nacional ratifique el instrumento, y de que Honduras realice el depósito formal ante el Banco Mundial, comenzará a correr el plazo de 30 días para que la membresía plena entre en vigor.
El contexto: 18 meses fuera, 15 casos pendientes
La readhesión busca revertir una de las decisiones más controvertidas de la administración de Xiomara Castro. El 24 de febrero de 2024, el gobierno saliente formalizó la denuncia del Convenio del CIADI ante el Banco Mundial, argumentando que el mecanismo afectaba la soberanía nacional y favorecía estructuralmente a los inversionistas extranjeros frente al Estado. La salida se hizo efectiva el 25 de agosto de 2024, dejando a Honduras como el único país de Centroamérica fuera del organismo, tras 35 años de membresía ininterrumpida desde 1989.
La decisión no tuvo el efecto protector que el gobierno Castro esperaba: los 15 casos de arbitraje pendientes continuaron su curso con normalidad, y la oleada de nuevas demandas tampoco se detuvo. El caso más emblemático —y de lejos el más costoso— es el de Honduras Próspera Inc., que reclama más de 1,600 millones de dólares ante el CIADI por la derogación del régimen legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en 2022, una cifra equivalente a aproximadamente una cuarta parte del PIB hondureño. En febrero de 2025, el Tribunal del CIADI rechazó el intento de Honduras de bloquear el caso por falta de jurisdicción, habilitando el examen del fondo del asunto.
En total, desde 1999 Honduras ha enfrentado 19 demandas ante el CIADI. De ellas, cuatro concluyeron con resultados adversos para el Estado, y 15 permanecen activas. La Inversión Extranjera Directa (IED), por su parte, cerró 2025 en 882.4 millones de dólares, por debajo de la meta de 1,000 millones y con una caída frente a los 993.9 millones registrados en 2024, cifras que el gobierno Asfura atribuye en parte al deterioro del clima jurídico generado por la salida del mecanismo arbitral.
La apuesta de Asfura y el papel de la PGR
La estrategia de la administración Asfura ha sido clara desde sus primeras semanas: revertir el aislamiento jurídico internacional heredado como señal prioritaria hacia los mercados. El retorno al CIADI forma parte de una agenda más amplia que incluyó en marzo la firma del Convenio, reuniones con el presidente del BID Ilan Goldfajn —donde se gestionó un apoyo presupuestario de entre 50 y 100 millones de dólares— y la propia visita de trabajo de Aspra para afinar el proceso técnico.
El abogado constitucionalista Rodil Rivera ha advertido, no obstante, de que la readhesión debe ir acompañada de condiciones que protejan al Estado: en particular, la restitución de la exigencia de agotar las instancias judiciales internas antes de acudir al arbitraje internacional, condición que Honduras había establecido al adherirse originalmente al CIADI en 1989 y cuya ausencia, según el experto, fue una de las causas de la vulnerabilidad del Estado ante demandas como la de Próspera.