En un momento en que Honduras necesita claridad, conducción y serenidad, la Presidencia de la República permanece en silencio. La ausencia de Xiomara Castro en medio de la mayor incertidumbre electoral en años no es un detalle menor: es una falla de liderazgo que se siente en las calles, en los mercados, en las empresas y en las instituciones que hoy caminan con más interrogantes que certezas.
A medida que se acerca el 30 de noviembre, los sectores productivos se preparan para lo peor. Comercios, industrias y cadenas de suministro afinan planes de contingencia ante la posibilidad de altercados postelectorales. Nadie tiene claro qué puede pasar, y lo más grave es que el Gobierno tampoco parece interesado en despejar el panorama.
Los rumores se multiplican. Se filtran reuniones de mandos militares preocupados por posibles robos de urnas, intentos de sabotaje y acciones violentas de colectivos vinculados a Libre. Las instituciones encargadas de garantizar la paz social piden calma, pero la percepción ciudadana es que el país avanza hacia una noche electoral tensa y vulnerable.
Frente a ello, el liderazgo político debería ofrecer confianza, garantías y presencia. Sin embargo, la presidenta Castro parece actuar más como jefa de Libre que como jefa de Estado. Su prioridad, según coinciden analistas y observadores, no está siendo la estabilidad del país sino el futuro de su partido en un escenario electoral que podría no favorecer a su candidata, Rixi Moncada.
En las últimas semanas han circulado múltiples análisis sobre la preocupación dentro del círculo Zelaya-Castro respecto al día después de las elecciones. En vez de liderar al país, la familia presidencial estaría enfocada en protegerse ante un eventual cambio de viento político.
Incluso se menciona, dentro del debate público, el temor a posibles consecuencias legales para figuras del entorno oficialista, como parte de un ajuste institucional en caso de alternancia. En el caso del hermano del expresidente Zelaya, Carlos Zelaya, circulan hipótesis sobre eventuales investigaciones o procesos, aunque nada de ello ha sido verificado por instancias judiciales nacionales ni internacionales.
Lo relevante políticamente no es si estas versiones son ciertas, sino por qué el país percibe que el poder está pensando en su supervivencia, no en el bienestar nacional.
En un contexto tan frágil, el silencio presidencial no es neutral: alimenta la sensación de vacío, de falta de norte, de un gobierno más pendiente de su propia continuidad que de la paz social que asegura el proceso democrático.