Las denuncias de la diáspora hondureña en Estados Unidos han encendido las alarmas a días de las elecciones generales. En el consulado de Miami, decenas de ciudadanos reportaron que no pudieron retirar su DNI, que fueron rechazados sin explicación, que se les dijo que sus documentos “seguían en Honduras” y que incluso hubo cobros irregulares. Estas quejas no son hechos aislados, sino parte de un patrón que afecta la participación electoral de miles de hondureños que dependen de su documento para ejercer el sufragio.
El problema es de escala nacional. Datos oficiales han reconocido que más de 258 mil DNIs no fueron entregados en el exterior, una cifra que golpea directamente a la población migrante que busca votar. Para una comunidad que históricamente ha exigido representación, esta omisión equivale a suprimir el voto de un sector que, según diversos análisis, podría no favorecer al oficialismo. La irresponsabilidad estatal se convierte así en una herramienta política.
El impacto es particularmente grave porque Estados Unidos es el único país donde existen Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitadas para el voto en el exterior. Según estimaciones institucionales, alrededor de 399,000 hondureños en EE. UU. están habilitados para votar, pero el CNE únicamente instaló 15 JRV distribuidas en 12 ciudades, una proporción claramente insuficiente. Además, cada JRV ha operado con cupos muy limitados, lo que restringe aún más la participación.
La consecuencia es evidente: aun quienes lograron obtener su DNI podrían quedarse fuera del proceso por falta de espacio o logística. Esta combinación de DNIs retenidos, centros de votación insuficientes y capacidad limitada hace imposible hablar de un proceso accesible para la diáspora.
La línea es clara: el Gobierno de Xiomara Castro y el partido Libre no han garantizado el derecho al voto en el exterior. Por el contrario, la evidencia demuestra que han permitido —cuando no facilitado— barreras administrativas, opacidad y negligencia sistemática que perjudican directamente a quienes viven fuera del país, además de usar partidistamente las sedes en el exterior, tal y como han denunciado compatriotas en el exterior. En un proceso tan cerrado como el actual, obstaculizar la participación de un sector considerado crítico para el oficialismo representa un acto profundamente antidemocrático.
Si Honduras aspira a elecciones libres, lo mínimo indispensable es asegurar que cada ciudadano tenga acceso a su DNI, a una JRV funcional y a un proceso sin trabas. Hoy ocurre lo contrario: Libre dificulta el voto de los hondureños en EEUU, debilitando la confianza y amenazando la legitimidad del proceso electoral.