Rixi Moncada fue derrotada en las urnas. Los números son claros y contundentes: apenas alrededor del 19 % de los votos, un tercer lugar lejano que no deja espacio para lecturas épicas ni relatos de triunfo moral. El pueblo hondureño habló el 30 de noviembre y no la eligió. Sin embargo, lejos de asumir el veredicto ciudadano, Moncada y Libre han optado por un camino peligroso y antidemocrático: desconocer los resultados, tensar las instituciones y empujar al país a una crisis constitucional calculada.
Esta estrategia se lleva a cabo a pesar del reconocimiento de la derrota por los líderes del Partido. Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, ha reconocido públicamente que, con base en las actas en poder del partido, Rixi Moncada perdió la elección. En la misma línea se han pronunciado figuras del oficialismo como Fausto Cálix, quien admitió que los resultados no favorecen a la candidata de Libre. Es decir, mientras la cúpula partidaria acepta la derrota en los hechos, Moncada insiste en un discurso de desconocimiento total, calificando las elecciones como “las peores de la historia” y negándose, “jamás”, a reconocer los resultados. No obstante, el núcleo duro de Libre insiste en su agotada narrativa de golpes, conspiraciones y fraude.
Esta contradicción no es casual. Responde a una estrategia política bien calculada. Analistas advierten de que el objetivo de Moncada no es revertir un resultado imposible de revertir, sino bloquear la declaratoria oficial antes del 30 de diciembre. Si el Consejo Nacional Electoral no declara ganador y el proceso se empantana, la pelota pasa al Congreso Nacional, un escenario donde Libre apuesta al caos, la presión y la negociación bajo fuego en un juego de legitimidades entre la Comisión Permanente y el congreso autoconvocados de nacionalistas y liberales, situando al peor mandadero de Libre, Luis Redondo, en el centro de la escena.
El verdadero fondo de la maniobra aparece cuando se mira el calendario constitucional. Si el 27 de enero no hay presidente declarado, entra en juego el artículo 242 de la Constitución, que contempla un gobierno provisional. En ese escenario, la apuesta sería colocar a Rixi Moncada dentro del Ejecutivo —como secretaria de Estado o figura clave del Consejo de Ministros— para terminar ejerciendo el poder desde un gobierno interino nacido no del voto popular, sino del vacío institucional provocado.
Más inquietante aún es que en los corrillos políticos ya se habla de estirar ese gobierno provisional, no por meses, sino hasta dos años, bajo el argumento de “repetir elecciones” en un contexto supuestamente más “justo”. En otras palabras, perder en las urnas, desconocer el resultado, provocar la crisis y luego gobernar sin haber ganado.
Eso no es resistencia democrática. Eso es desprecio por la voluntad popular y golpe en toda regla. Honduras ya ha pagado demasiado caro los experimentos políticos, los atajos constitucionales y los liderazgos que creen que el poder se hereda o se arrebata, pero no se gana limpiamente.
Rixi Moncada no es víctima de un sistema: es una candidata derrotada que se niega a aceptar la realidad, una dictadora en potencia. Y en su negativa arrastra al país al borde de una crisis mayor. La democracia no se defiende anulando elecciones cuando se pierden. Se defiende respetando el voto, aunque duela.