La estrategia de Rixi Moncada para las próximas elecciones generales de este 30 de noviembre representa un claro riesgo para la democracia hondureña. Según sus declaraciones en el cierre de campaña y acciones recientes, su plan consiste en reconocer únicamente sus propias actas electorales, ignorando los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este tipo de práctica ha sido utilizada anteriormente en países como Venezuela, donde aceptar solo los resultados propios llevó a crisis institucionales y pérdida de confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Es importante entender que un procedimiento así no solo genera confusión, sino que también socava la autoridad de las instituciones electorales. Al prometer validar únicamente resultados parciales a su favor, Rixi Moncada amenaza con crear un clima de desinformación, enfrentando a sectores de la sociedad y debilitando la credibilidad del sistema democrático. La población requiere certeza sobre la integridad de las elecciones generales 2025, no escenarios en los que los resultados puedan ser manipulados o cuestionados sin fundamento técnico.
El plan de Rixi Moncada ignora la función constitucional del CNE como garante de los procesos electorales. Las maletas electorales, los registros y la custodia de los votos están bajo protocolos oficiales que buscan transparencia electoral y seguridad. Pretender declarar resultados propios fuera de estos canales es un intento de imponer criterios personales sobre la institucionalidad, lo que podría derivar en conflictos y protestas innecesarias. Es importante que la ciudadanía y los actores políticos reconozcan la importancia de respetar el marco legal y los procedimientos establecidos para proteger la democracia hondureña.
Expertos en procesos electorales advierten de que aceptar solo actas propias puede producir retrasos en la publicación de resultados oficiales y generar conflictos legales que afecten la estabilidad del país. La experiencia internacional demuestra que manipular información electoral conduce a cuestionamientos internos y externos, debilitando la confianza de organismos internacionales y de la población en general. Este tipo de acciones no contribuye a fortalecer la democracia hondureña, sino a fragmentarla, favoreciendo agendas personales por encima del interés colectivo.